Ignacia Oyarzún
Ingeniería Matemática
Universidad de Santiago de Chile
Desde hace algunos años en Chile la discusión
nacional ha sido dominada por los cuestionamientos al Sistema educativo
imperante. La educación debe ser una de las principales preocupaciones de la
sociedad y sus gobernantes. Su importancia y complejidad están dadas porque la
educación es un factor fundamental para el progreso permanente de la sociedad. La
educación es un derecho social porque permite resolver problemáticas que están
en el seno de la comunidad y le entrega a esta la posibilidad de alcanzar un
mayor nivel de bienestar y plenitud, lo que se traduce en desarrollo y
felicidad para los pueblos.
Los derechos sociales son catalogados como derechos
fundamentales, los que tienen como características ser exigibles al Estado para
asegurar que todos tengamos acceso a las mismas condiciones de apoyo para
nuestra realización tanto física como psicológica, pues ello haría posible un
desarrollo digno e igualitario de la sociedad en su conjunto y, por ende, alcanzar
así una sociedad más libre. Por tanto, cuando hablamos de la educación como
derecho social, estamos otorgándole al sistema educativo determinadas
características fundamentales y, al Estado, extendiéndole la responsabilidad de
hacerse cargo de ella.
Chile y su actual Constitución política, declara
a la educación como objeto de pleno desarrollo de la persona en las distintas
etapas de la vida; sin embargo, hace recaer el derecho y deber de educar a los
niños en sus padres, dejando como única preocupación del Estado la protección
al ejercicio de este derecho, siendo sólo un ente que entrega financiamiento al
sistema gratuito de educación primaria y secundaria hasta los 21 años. Además vemos
que dice textualmente “es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y
perfeccionamiento de la educación” (Constitución política de la República de
Chile, 1980), por esta razón es que se supedita este derecho fundamental a la
libertad de enseñanza, la cual no tiene otras limitaciones más que las buenas
costumbres, pudiendo cualquier persona mayor de 18 años abrir un
establecimiento, organizarlo y mantenerlo. Estamos frente a la descripción de un
Estado subsidiario y neoliberal, donde el único rol que cumple es garantizar la
seguridad y cumplimiento de contratos, mantener y cultivar mercados
competitivos, donde ser un ciudadano o un consumidor no merece mayor
diferenciación.
Este escenario es el que nos llama a un debate ideológico
y económico respecto al rol del Estado, a las garantías, derechos y deberes que
este debe entregar a la sociedad. Siguiendo este análisis es que podemos
evidenciar la crisis institucional y educativa que vive nuestro país. El
movimiento social por la educación compuesto por distintos estamentos, ha
puesto en la palestra un debate que intenta responder al por qué la educación
es responsabilidad del Estado, el que no tan sólo debe entregar financiamiento
para el funcionamiento de los distintas instituciones educacionales, sino que
también debe ser un ente regulador, fiscalizador y planificador de esta.
Los distintos actores que en los últimos años han convergido en demandas,
propuestas y movilización han entendido que los derechos fundamentales deben ir
en pos de las necesidades de la sociedad chilena. Sin embargo, hasta ahora tal
noción ha sido utilizada únicamente para proteger intereses de minorías
económicas y políticas. Dado
esto cabe preguntarnos: ¿Cuáles son las necesidades funcionales que tiene
actualmente la sociedad chilena? Estas sin duda deben ser muchas, no obstante,
el mismo posicionamiento del movimiento social en el último tiempo, da cuenta
de una tendencia de lo que las grandes mayorías quieren de Chile: un país
pleno, igualitario, sin corrupción, donde el pueblo viva libre, alegre, digno y
feliz. Keynes, un importante
economista del siglo XX, deja sobre la mesa un mal económico del siglo, el que
a medida que avancen los años, y si no hacemos nada al respecto, irá en
constante crecimiento como lo es la ignorancia. La mejor forma de combatir esta
y permitir la libertad de las personas es educándolas, para así permitirles
aportar conscientemente a la mejora permanente de la sociedad.
Existe consenso universal en que los derechos
fundamentales, por definición, deben ser excluidos del ámbito del mercado.
Permitir el lucro en ciertos niveles del sistema educativo y en algunos casos
prohibirlo sólo con fondos públicos además de no fiscalizar apropiadamente su
prohibición son acciones que se oponen a la noción del derecho social a la
educación. De esta forma, al decir que la educación es un derecho social,
planteamos que todos los poderes del Estado se deben centrar en garantizar un
conjunto de instituciones que hagan posible lo anterior, de no ser así (como el
caso chileno) se estarían formando sub culturas y exclusión social, todos
elementos que no sólo atentan contra la calidad educativa, sino que contra los
principios democráticos más fundamentales y la libertad misma de las personas.
El sistema educativo debe ser inclusivo, pues es
el espacio en donde nos reconocemos como iguales para desarrollar nuestras habilidades,
además de cumplir ciertos fines que le son irrenunciables: la integración e
inclusión de la comunidad y la formación de ciudadanos libres y autónomos.
Desde una perspectiva de mercado nos encontramos
con Adam Smith, quien nos plantea que la forma en que el mercado incrementa la
productividad es a través de la especialización del trabajo. Esto se consigue a
medida que los trabajadores van desarrollando las habilidades necesarias para
ejercer en un puesto específico en la cadena de producción. Esto, sin embargo,
da pie para cuestionarn tal especialización, la cual ha significado la
precarización de nuestro conocimiento, alejando distintas disciplinas
fundamentales para la formación integral de cualquier individuo. La
precarización del conocimiento se evidencia en la valoración que se tiene en el
aprendizaje de habilidades blandas y distintas artes, haciendolas ver como
simples acompañamientos en la formación de los niños, niñas y jóvenes, siendo
habilidades claves para el desarrollo integral de cada uno. No es casual que se
intente homogenizar las destrezas de las personas, quitando la capacidad
creativa de cada uno al formarnos en marcos estandarizados para cumplir labores
operativas, esto es más bien funcional a un sistema económico y político que
nos enajena a diario.
A lo largo de la historia universal, muchos
pueblos en distintos contextos han asumido la tarea de alcanzar la libertad colectiva,
la autodeterminación, no ha sido tarea fácil. La principal garantía de
desarrollo y libertad que tienen los pueblos es la educación, pero no cualquiera,
se necesita una educación al servicio de los países, la que se conseguirá en la
medida que el Estado se encargue de ella.
Una sociedad educada íntegramente es crítica,
reconoce en el otro a un colaborador y no una competencia. Una sociedad educada
combate la desigualdad en miras de alcanzar la felicidad y el bienestar social.
El derecho a la educación, si no es para todos, no existe. Si no es desde todos,
tampoco. Si el sistema educativo no es capaz de asegurar los fines educativos
esenciales, entonces no existe un derecho a la educación. Es por ello que en
una sociedad democrática la educación es y debe ser universal, gratuita y no
discriminatoria; debe ser consagrada como un derecho social para todos y todas
en igualdad de condiciones, pues se trata de un espacio esencialmente público que
a diferencia de intereses que puedan tener privados se entiende a sí mismo
como necesario para el desarrollo integral e igualitario de la sociedad en su
conjunto.
Bibliografía:
-Ministerio del Interior. (1980). Constitución política de la
República de Chile. Chile: Diario Oficial.
-John Keynes. (1926). Ensayos de persuación. Oxford: Teorías del
Estado.
-Gabriel Boric. (2013). Cómo entendemos la educación. 2016, de
Cefech Sitio web: www.cefech.cl
Referencias:
-Debate parlamentario 2011-2016
-Propuestas desde el movimiento social:
1. Mesa ejecutiva. (2011). Compendio de propuestas y demandas. Chile:
CoNES.
2. Mesa ejecutiva. (2013). Tiempos de una nueva educación. Chile:
CoNES.
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