AMÉRICA LATINA Y ARGENTINA 2016: ¿UNA NUEVA OLA NEOLIBERAL?

Por Marcial Lara

El 2015 no fue fácil para los gobiernos y fuerzas progresistas de la región. Durante el transcurso del año pudimos presenciar la debacle del respaldo político y ciudadano de la Presidenta Dilma Rousseff[1], la amplia derrota del “Gran Polo Patriótico” en las elecciones legislativas de Venezuela[2] y el fin de la era Kirchnerista en la Argentina. Respecto a este último caso acontecido el 22 de noviembre, el derechista Mauricio Macri logró imponerse con un ajustado 51,38%[3] frente al candidato justicialista Daniel Scioli.

Ahora bien, entendiendo que durante la última década los países señalados, -y en especial Argentina-, vivieron un ciclo de grandes avances en materia de desarrollo social[4] y gobernabilidad democrática, existen algunos factores que permiten explicar esta contradicción.

Primero, a nivel económico, desde hace un par de años la crisis económica internacional ha logrado impactar con fuerza en la región[5], debido a debilidades estructurales ligadas a una estructura productiva poco diversificada, con escaso valor agregado y una desigualdad social endémica, que se ha traducido recientemente en cuantiosos esfuerzos fiscales en pos de saldar brechas en materias como la educación, salud, vivienda y alimentación[6].

Esta crisis del capitalismo neoliberal mundial tiene su génesis en la burbuja especulativa de los mercados de las potencias desarrolladas, lo que ha generado fenómenos tales como la caída en el valor y demanda de commodities (principales productos que exporta la región), la caída del precio del petróleo (principal producción y fuente de ingresos fiscales de países como Brasil y Venezuela), y la desaceleración relativamente programada de la economía China (lo que ha hecho decrecer aún más la demanda internacional de commodities). Dicho escenario económico desfavorable ha conllevado a la realización de recortes en el gasto fiscal, el aumento progresivo de la inflación, el aumento del desempleo y la inseguridad.

Segundo, existe un claro desgaste de los gobiernos progresistas de la región. Este desgaste, no necesariamente se debe a la extensión temporal de estos gobiernos (que en el caso de Venezuela ya alcanza los cerca de 17 años), sino más bien a dos grandes factores: 1) la sobre explotación de recursos retóricos por sobre la realidad empírica del país, y la consiguiente generación de altas expectativas; y 2) la carencia de reformas estructurales para la modernización del Estado, los partidos políticos y el modelo productivo.

Estas dimensiones se hacen evidentes en la hermana República Argentina, en donde existe una combinación histórica de un estilo político fuertemente discursivo, unido a políticas de transparencia y probidad deficientes, y en algunas materias inexistentes debido a la informalidad del sistema de partidos y el clientelismo generalizado. Dicho escenario ha sido aprovechado por el poder mediático y la derecha para exponer con mayor rigor casos de corrupción, cohecho y tráfico de influencias, como la imprecisión de los datos estadísticos nacionales (en partícular los datos macroeconómicos), el financiamiento irregular de algunos sectores del justicialismo, incluido el hijo de la ex Presidenta, y la designación sin criterios técnicos mínimos de cargos públicos relevantes[7].

Además, en la Argentina se vive un gran problema relacionado a la cooptación corporativa del Estado por parte de los partidos, gremios y organizaciones de la sociedad civil que defienden intereses particulares[8]. Este fenómeno ha dificultado de sobremanera la definición clara de apuestas programáticas demandadas por la ciudadanía, como la devaluación del peso argentino (con mayor o menor gradualidad) y la rebaja de aranceles para las importaciones. A su vez, han acaecido serias dificultades a la hora de formar y seleccionar liderazgos que le den continuidad a los procesos de cambio, como ocurrió en su momento con Daniel Scioli, candidato que no logró aunar un respaldo activo de la base social Kirchnerista. Por otro lado y en relación al primer punto, las profundas brechas sociales han provocado que buena parte de los gobiernos progresistas hayan focalizado los recursos fiscales en la política social, no así en la diversificación productiva, perpetuando la fragilidad de la región frente a los vaivenes del capitalismo mundial.

Y tercero, con ayuda de los medios de comunicación y una reactivación militante de la derecha, se ha catalizado una reacción relativamente homogénea de los sectores medios y altos, al demandar la reducción de la inflación, un mayor acceso al crédito y a bienes importados, un Estado más transparente y medidas más potentes en contra de la delincuencia.

Ahora bien, en cuanto a los impactos que poseen estos procesos en nuestro país, uno de los principales es la tendencia a la convergencia instrumental de las fuerzas políticas de la derecha y el centro, como ocurrió con la coalición “Cambiemos”, la cual no solo agrupa al PRO de Mauricio Macri, sino que también a la centrista y mesocrática UCR.   Unidos bajo las premisas de libre mercado, “responsabilidad fiscal” y “seguridad ciudadana”, estas nuevas coaliciones han impulsado una potente estrategia comunicacional para difamar las política fiscal y social de los gobiernos progresistas, por ser supuestamente insustentables y no reducir la desigualdad al fomentar el conformismo de los sectores populares. Respecto a este punto, cabe recalcar que el problema de estos gobiernos no yace en la política social, sino que más bien, en la carencia de políticas de modernización del Estado y del aparato productivo.

Otro elemento a considerar es que gracias a una mayor apertura de la economía Argentina, es probable que las relaciones comerciales con Chile aumenten, por lo menos durante un periodo breve de tiempo. Esto podría fortalecer el relato derechista en torno a que crecimiento económico es igual a desarrollo.

Pese a este escenario supuestamente favorable para las fuerzas de derecha, cabe señalar que la base militante y social del frente de Mauricio Macri es sumamente volátil, por lo cual ante una situación demasiado compleja pueden generarse escenarios de inestabilidad de alto nivel, algo habitual en los gobiernos que no han pertenecido al Partido Justicialista[9].

Para concluir, cabe precisar que el escenario político regional mantiene un dinamismo que hace apresurado avizorar un contexto de “nueva hegemonía” o “nueva ola” de la derecha latinoamericana. Las oposiciones que hoy se enfrentan a los gobiernos progresistas de turno son altamente heterogéneas y frágiles. Además, existen países que han logrado una mayor consolidación de sus procesos y reformas estructurales como Ecuador y Bolivia, así como naciones en donde la ciudadanía[10] demanda por cambios radicales ligados a la idea de fortalecer el Estado y lo social, como es el caso de nuestro país, México y Paraguay. La síntesis de la dialéctica contenciosa del actual escenario político regional, dependerá principalmente del grado de realismo, amplitud y profundidad programática que desarrollen las fuerzas progresistas, en el marco de un sistema capitalista que es mundial (y que por ende define cierto margen de maniobra, en especial para países en vías de desarrollo como los nuestros) y sociedades que  tienen una mejor calidad y expectativa de vida, paradójicamente, gracias a los gobiernos progresistas que hoy con justa razón critican.

[1] A diciembre de 2015, la aprobación ciudadana de la Presidenta Rousseff rondó el 12%, mientras que un 56% está a favor de la renuncia de la Presidenta del Brasil. Por otra parte, en una hipotética elección presidencial, hasta ahora el Partido de los Trabajadores y el ex Presidente Lula se verían imposibilitados de mantener el gobierno ante el PSDB (centro derecha liberal) de Fernando Henrique Cardoso.  http://www.latercera.com/noticia/mundo/2015/12/678-660894-9-rousseff-anota-leve-mejora-en-su-aprobacion.shtml

[2] 56% vs 40% de los votos, obteniendo la oposición de la “Mesa de Unidad Democrática” la mayoría calificada en la Asamblea Nacional. http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3429

[3] http://www.electoral.gov.ar/pdf/escrutinio_definitivo_2da_vuelta.pdf

[4] Durante la última década, hubo un crecimiento sostenido de los salarios, la cobertura de la educación, salud y vivienda. http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/idh-regional/hdr-2015-2016.html

[5] Durante el año 2015, la economía Argentina creció tan solo un 0,5%. http://www.bancomundial.org/es/country/argentina/overview

[6] Véase informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, acerca del “Cambio Estructural para la Igualdad”: http://www.cepal.org/es/publicaciones/36700-cambio-estructural-para-la-igualdad-una-vision-integrada-del-desarrollo

[7] El caso emblemático que mermó la credibilidad del gobierno de Cristina Fernández fue el nombramiento de María Delfina Rossi como Directora del Banco de la Nación Argentina. Con tan solo 26 años de edad, sin experiencia laboral e hija de un Ministro de la República, su nombramiento desató la crítica masiva de los sectores medios y altos del país trasandino. http://www.lanacion.com.ar/1818536-tiene-26-anos-y-la-nombraron-directora-del-banco-nacion-es-la-hija-de-agustin-rossi

[8] Caso emblemático lo constituyen los gremios del sector agro-industrial, que al carecer de competitividad suelen sobrevivir en base a los subsidios fiscales. Otro ejemplo son las Universidades, en donde buena parte de la planta docente de cada carrera y facultad pertenece a una agrupación política específica.

[9] En general, los gobiernos de la derecha no peronista y la UCR (centro liberal) durante buena parte del siglo XX y en  especial tras el retorno a la democracia, no han logrado terminar su mandato.

[10] De acuerdo al Informe de Desarrollo Humano PNUD-Chile 2015, la ciudadanía apela a un mayor fortalecimiento del Estado en áreas como la educación, salud, previsión social, recursos naturales, e incluso, se aboga por una nueva constitución. Ahora bien, la complejidad radica en que con el actual sistema de voto voluntario, en una coyuntura electoral puede que no exista armonización entre la ciudadanía en general y los votantes que acudan al escrutinio.