El sistema de salud en nuestro
país, según Gonzalo Martner, interviene sobre bienes privados y sobre bienes
públicos. Esto debido a que existen sistemas de oferta de atención privada de
salud y la oferta pública subsidiaria de la salud o gratuita (dependiendo del
caso). En este ensayo analizaremos la manera en que el Estado provee de salud a
su población y como equipara todos los factores que influyen en tipo de servicio entregado, ¿Es posible mejorar el
desarrollo de la salud pública? Realizo esta pregunta ya que es sabido que el
sistema público de salud no se identifica por entregar un servicio de calidad
hacia sus usuarios, más bien presenta graves falencias que obligan a dudar de
la gestión realizada por el Estado y como éste, enfoca las políticas públicas en
esta materia.
La provisión de salud por parte
del Estado hacia todas las personas (universalidad), se debe a distintos
factores que inducen a los gobiernos a asegurar el acceso universal a la salud.
Por una parte se debe a la existencia del riesgo moral entendiéndolo como situaciones en las que un individuo tiene
información privada acerca de las consecuencias de sus propias acciones y sin
embargo son otras personas las que soportan las consecuencias de los riesgos
asumidos[1].
Esto origina los altos costos de salud en los sistemas privados, obligando
a los gobiernos a asegurar el acceso universal a la protección frente a los
grandes riesgos sociales. Por otra parte, las asimetrías de información entre
los pacientes, tratantes y aseguradoras obligan, en cierta medida, a una
intervención del gobierno que asegure un trato universal en el tema de salud.
Después de haber analizado la
universalidad del servicio de salud pública, es importante analizar el
funcionamiento de este en base a los cuatro criterios estipulados que indican
la calidad del servicio. Nuestro servicio de salud pública, según el criterio de equidad, responde a una
política que supone el acceso a la salud para todas las personas, siendo
decisión del usuario (según su poder adquisitivo), si decide tratarse en el
sistema público o privado. En este aspecto, el
porcentaje de personas que pertenecen al sistema de salud público alcanza el
66% y los que pertenecen a una Isappre llegan al 20% de la población, y el
resto no posee o tiene otro tipo de aseguramiento[2].
Dentro de este universo, el sector privado produce una segmentación de la
población según su costo esperado de la atención de salud, diferenciando entre
mujeres en edad fértil, sexo y edad, lo que muestra un bajo grado de equidad
entre los sistemas público privado. Además podemos mencionar según un estudio
de Iniciativa Chilena de Equidad, que los riesgos de morir por una enfermedad
catastrófica son más altos en las personas con menor nivel educacional, lo que
indica, implícitamente, un grave problema de equidad en nuestro sistema de
salud.
Según el criterio de calidad, podemos nombrar el plan maestro de salud que
viene funcionando en Chile desde el año 2000, el plan AUGE, que responde a una
necesidad de mejorar la equidad y calidad del servicio de salud entregado en
nuestro país. El plan AUGE asegura un tratamiento de calidad en base a una
lista de enfermedades estipuladas, siendo sus objetivos, el brindar estándares
mínimos de calidad y mecanismos de control de costos. Esto nos muestra que la
prioridad del gobierno no es entregar calidad en todo el sistema de salud, sino
que priorizar el costo/efectividad con poca intención en desarrollar un sistema
integral que suponga calidad en todo el ámbito de la salud.
Según el criterio de trato satisfactorio, podemos ver que gracias al plan
AUGE, se mecanizaron las formas en cómo
se debe tratar al paciente mediante el desarrollo de las Guías Clínicas[3],
lo que en cierto grado mejoró el trato dado al paciente, además de entregar un
mejor diagnostico para un posterior tratamiento de la enfermedad. A pesar de
esto, la falta de infraestructura en el sistema de salud no permite dar un trato
satisfactorio a todos los pacientes, siendo una falencia grave que debe ser
solucionada.
Según el criterio de contención de costos, vemos que la cantidad de dinero
que gasta el Estado en salud, es bastante alto, siendo su objetivo principal el
costo/efectividad, por tanto que la importancia del plan no es mejorar el trato
al paciente de manera integral sino que lo importante es tratar la mayor
cantidad de pacientes en base a requerimientos mínimos de calidad.
En suma, podemos ver que el
sistema de salud en Chile responde a una política pública interesante, en donde
el plan AUGE juega un papel importante dentro del sistema. El desarrollo de
este plan supone un gran avance en el tratamiento de diversos tipos de
enfermedades (incluidas en el plan). Si bien, el sistema de salud responde de
manera eficiente, vemos que deja de lado ciertos criterios que benefician el
desarrollo integral del mismo sistema, disminuyendo su calidad en la atención y
manteniendo cierto grado de inequidad dentro del mismo. Está claro que hemos
avanzado hacia un mejor sistema de salud, pero lo importante es desarrollar un
sistema integral y que no solo busque el costo/efectividad.
Rocío Cornejo Balbontín
Estudiante de Ingeniería Civil en Obras Civiles
Universidad de Santiago
[1]
Timothy Lane-Steven Phillips, “Riesgo
Moral ¿Alienta el financiamiento del FMI la imprudencia de prestatarios y
prestamistas?”, Fondo Monetario Internacional, Washington (Marzo, 2002),
pp. 1.
[2]
Larragaña, O. Contreras, “Las Nuevas Políticas de Protección Social
en Chile”, Uqbar, (Marzo 2010), cap. 2 Reformas de Salud.
[3]
Larragaña, O. Contreras, “Las Nuevas Políticas de Protección Social
en Chile”, Uqbar, (Marzo 2010), cap. 2 Reformas de Salud.
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